Agencia Pública de Empleo del SENA

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Contraloria General y los Costos de la pandemia

contraloriaEn por lo menos 10 puntos del PIB podría crecer la deuda pública de Colombia, advierte Contralor General

Viene un retroceso de 10 años en el avance logrado en temas como la distribución del ingreso, señala también.

Caída de la economía, déficit de las finanzas públicas y aumento de la pobreza, otras graves secuelas de la emergencia.

Se esfumó el promisorio panorama económico que mostraba el país antes de la pandemia.

Llamado del Contralor al Gobierno Nacional, Alcaldes y Gobernadores: “Hay que trabajar en conjunto para superar este momento tan difícil y las condiciones que viven hoy los colombianos”.

“Hay que dejar de lado temas políticos, ideológicos, y hay es que pensar en la ciudadanía, que tenga los servicios básicos satisfechos y capacidad de generación de ingreso”, añade.

Dice el Contralor sobre el proyecto Hidroituango: “Es importante generar e iniciar las obras, pero quienes han cometido errores tienen que pagar por ello. No puede haber detrimento al patrimonio y tiene que recuperarse la plata de los antioqueños”.

Según el Contralor, se espera que hacia finales de este año se haga imputación de cargos en el caso Hidroituango, para fallar este proceso de responsabilidad fiscal en 2021.

Para el jefe de control, se hace necesaria hacer una reforma legislativa al sistema de salud el próximo año.

La Contraloría ve con preocupación que de los $5.5 billones de contratación para atención de la pandemia, ha encontrado presuntos sobrecostos por más de $500 mil millones.

No han llegado a 930 hospitales públicos recursos por $2.8 billones, que debían darles algunas EPS.

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Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a nueve personas en el Cesar señaladas de pertenecer al llamado “Carrusel de las pensiones” en empresas mineras de la región

 

Las diligencias de registro y allanamiento que realizó el CTI fueron en Valledupar, Cesar, en los barrios Francisco el Hombre, Nueva Esperanza, La Victoria, Altagracia, Y Villa Carola. Otro implicado fue capturado en el municipio San Diego y una personas más en Bucaramanga, Santander. 

Los detenidos serán presentados ante un juez en las próximas horas. Los delitos que se les imputa son estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal. Se espera que la diligencia se lleve a cabo hoy mismo.

Las indagaciones iniciales apuntan a que estas personas obtuvieron sus pensiones de manera ilegal. Todos los implicados trabajaron en empresas de explotación y procesamiento de carbón como la multinacional Drummon, Cerrejón y Prodeco. 

Presuntamente, la manera de operar de estas personas era presentando documentación falsa argumentando problemas de salud, esto lo lograban con avales de médicos calificadores de Colpensiones, funcionarios públicos que hacen parte de la Junta Regional de Calificación del Cesar (JRC), abogados, psiquiatras y juzgados laborales y civiles.

La JRC y los médicos psiquiatras eran contactados cuando el puntaje para pensionarse por problemas de salud no alcanzaba. Con la JRC se negociaba una calificación de más del 50% de la pérdida de capacidad laboral y cuando esto no se lograba, entonces contactaban a un psiquiatra para expedir un dictamen declarando a la persona mentalmente invalida.

Los juzgados laborales entraban a jugar un papel importante cuando los dictámenes era apelados por las empresas, en estos casos se interponían tutelas que ordenaban a los fondos pensionales y a las aseguradoras, pensionar y pagar pólizas a los implicados.

Algunas de las personas capturadas, además, solicitaron créditos en entidades financieras al máximo de su capacidad de endeudamiento y cuando obtuvieron el dictamen de su incapacidad laboral certificada, acudieron a dichas entidades para que sus deudas fueran condonadas.

Crédito: Red Medios Digital

Alerta por aparición de pirámides y otras actividades defraudadoras en Cundinamarca

  • • Un llamado a alcaldes, inspectores municipales, autoridades y comunidad en general a difundir el mensaje y no caer en la trampa del dinero fácil.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Gobernación de Cundinamarca alertan sobre la existencia de empresa ilegales captadoras de dinero, dedicadas a engañar a las personas con promesas de hasta cuadruplicar el dinero invertido.

“Advertimos sobre ofrecimientos por diferentes medios como páginas Web, chats, redes sociales, volantes o de manera personal, para participar en pirámides promocionadas en los municipios como causas para colaborar con el compañero, el amigo, el familiar y que consiste en dar una cuota para ingresar al esquema, con un valor que oscila entre $10.000 y $5.000.000, con el compromiso de traer más personas que hagan lo mismo”, dijo el director de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la SFC, José Camilo Torres.

Esta es una de las formas más comunes de captación ilegal de recursos en la cual, bajo la promesa de otorgar un rendimiento o rentabilidad de hasta ocho veces el valor aportado en un corto plazo, las personas se animen a invertir un dinero que al final se pierde.

“Como dicen nuestras campañas ‘no se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto’. Las pirámides no tienen el desarrollo de ninguna actividad económica y su única fuente de recursos es la entrega que hacen quienes se vinculan a la misma, por tanto no hay justificación financiera a sus pagos y lo que sucede es que se pierde el dinero invertido. Ante este tipo de actividades lo importante es denunciar y compartir con las autoridades las invitaciones que están recibiendo”, reiteró Torres.

Importante resaltar que la SFC ha adoptado, en el último año y medio, seis medidas administrativas por captación ilegal frente a las personas identificadas como responsables de estos esquemas piramidales.

Al respecto, Miriam Caldas, asesora de la Secretaría Jurídica de Cundinamarca dijo los municipios en los que se ha detectado la presencia de estas actividades ilegales son Cachipay, Facatativá, Girardot, Chocontá y Chía. “Recomendamos estar atentos y verificar si las empresas a las cuales se les entrega dinero están amparadas bajo la normativa y la legalidad establecida en Colombia para adelantar recaudo de dinero. Estas acciones están tipificadas en el artículo 316 del Código Penal y establecen una pena privativa de la libertad de 10 a 20 años de prisión”.

Ante cualquier inquietud o denuncia consultar la página www.superfinanciera.gov.co. O comunicarse al conmutador 5950200/5940201 ext. 1651; al Centro de Contacto 3078042; a la Línea Gratuita Nacional 018000 120100; o al correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co.